Maximiliano Ferraro anunció que su espacio avanzará contra ambos por la decisión que benefició al presidente, a Karina Milei y a otros investigados. Cuestionó las pruebas que quedaron pendientes y puso la atención en lo que resuelva Casación sobre la participación de los querellantes.
La Coalición Cívica avanzará con denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA. El anuncio lo hizo este lunes el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien cuestionó el rumbo de la investigación y acusó a los funcionarios judiciales de favorecer la impunidad del presidente y su entorno.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el titular de esa fuerza política confirmó que ya tomaron la decisión de impulsar las presentaciones. Para el legislador, la resolución que cerró la causa respecto de los investigados llegó sin que se agotaran las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido con la criptomoneda promocionada por el mandatario.
“Estamos frente a un operativo y una maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Javier Milei y su entorno”, afirmó Ferraro, quien también calificó la resolución como un “fallo vergonzoso” y sostuvo que este tipo de decisiones se repiten en los tribunales de Comodoro Py.
El diputado también apuntó contra los antecedentes del fiscal a cargo del expediente. “Estamos frente al mismo fiscal Taiano que no se animó a apelar el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de los Kirchner en 2009. El mismo fiscal que tardó más de ocho años en decidir imputar a altos funcionarios por el magnicidio de (Alberto) Nisman”, expresó.
El sobreseimiento se dictó el viernes pasado y alcanzó a Javier Milei, Karina Milei y a los demás investigados por el lanzamiento de $LIBRA. El presidente había promocionado el criptoactivo el 14 de febrero de 2025 y su valor se desplomó pocas horas después de que retirara el tuit con el que lo había difundido.
Ferraro, que encabezó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre $LIBRA, cuestionó que se resolviera el sobreseimiento sin convocar a los involucrados a prestar declaración indagatoria. Según planteó, después de más de un año y medio de investigación todavía había pruebas pendientes y medidas que debían realizarse antes de tomar una decisión.
Otro de los puntos señalados por el legislador fue el apartamiento previo de los querellantes. A su entender, esa decisión dejó a los damnificados sin herramientas para solicitar nuevas medidas de prueba o recurrir el fallo judicial. Por eso, ahora la atención está puesta en la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver un planteo vinculado con la participación de las querellas en el expediente.
“Tenemos que estar muy atentos a lo que hagan los magistrados de la Cámara de Casación para ver si se restituye una parte de la querella o la totalidad”, advirtió el diputado. En ese sentido, consideró que las próximas 48 horas serán determinantes para conocer cómo se resolverá esa cuestión.
En paralelo, el titular de la Coalición Cívica volvió sobre la información que reunió la comisión parlamentaria durante su investigación. Entre los elementos mencionados figuran datos sobre la ruta del dinero, las comunicaciones telefónicas y las actividades que se desarrollaron antes del lanzamiento de la criptomoneda.
Ferraro aseguró que los integrantes de la comisión entregaron documentación a la fiscalía y que también preservaron información sensible para evitar interferir con el trabajo judicial. Según explicó, esos elementos debían ser considerados dentro de la investigación antes de resolver la situación procesal de los involucrados.
El legislador también reclamó que se profundizara el análisis de las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en la que el jefe de Estado difundió $LIBRA. Para Ferraro, esas conversaciones constituían un aspecto que debía examinarse antes de dictar los sobreseimientos.
Por último, cuestionó el valor que se les dio a las respuestas escritas remitidas por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría General de la Presidencia. Según su evaluación, esas contestaciones fueron tomadas como válidas mientras se relativizaron otros elementos que ya estaban incorporados al expediente.
