El fiscal federal busca reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado por Manuel Adorni en operaciones inmobiliarias, remodelaciones y gastos personales.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, la Justicia federal sumó una nueva declaración testimonial que vuelve a complicar al jefe de Gabinete.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, declaró José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario libertario alquiló en el exclusivo barrio privado Indio Cuá, mientras avanzaban las remodelaciones de su propia casa dentro del mismo country.
Según el testimonio incorporado al expediente, el contrato original se firmó por un año y contempló pagos por un total de 13.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo. Finalizado ese período, las partes habrían acordado verbalmente extender el alquiler por otros 3 meses más, a razón de 800 dólares mensuales, también pagados en efectivo.
La investigación judicial intenta determinar si el volumen de dinero movilizado por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, resulta compatible con los ingresos declarados oficialmente ante la Oficina Anticorrupción.
La fiscalía busca establecer el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias, reformas, viajes y gastos personales que, según fuentes judiciales, carecerían de documentación respaldatoria y movimientos bancarios que permitan justificar su procedencia.
La declaración de Rodríguez se incorporó luego de las explosivas afirmaciones realizadas por el contratista Matías Tabar, quien aseguró bajo juramento que las refacciones encargadas por el funcionario y su pareja demandaron alrededor de 245.000 dólares. Según detalló, el dinero habría sido entregado en mano, en moneda estadounidense y sin emisión de facturas.
De acuerdo a la reconstrucción que realiza la fiscalía, mientras avanzaban las obras en la vivienda de Indio Cuá, Manuel Adorni residía temporalmente en otra propiedad del mismo country. El propietario de esa casa confirmó que los pagos se realizaron siempre en dólares y sin bancarización.
Con toda la información incorporada hasta el momento, la Justicia calcula que el jefe de Gabinete habría movilizado más de 370.000 dólares en efectivo entre alquileres, remodelaciones y compra de muebles.
Entre los gastos bajo análisis también figuran viajes al exterior, un vuelo privado a Punta del Este y movimientos con criptomonedas detectados durante 2024 que, según trascendió, no habrían sido incluidos en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Por ese motivo, la fiscalía avanzó con pedidos de levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil para reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar si existió alguna inconsistencia patrimonial.
Otro de los puntos que despertó sospechas en Comodoro Py fueron los pagos relacionados con muebles encargados para un departamento en Caballito. Según declaró el propio contratista, se trató de trabajos valuados en unos 10.000 dólares que también habrían sido abonados en efectivo y sin documentación respaldatoria.
Mientras el expediente suma testimonios y documentación, en tribunales crece la presión sobre Manuel Adorni, cuya situación judicial empieza a quedar cada vez más comprometida por el volumen de operaciones en dólares sin registros formales ni respaldo financiero claro.
