El jefe de Gabinete Manuel Adorni vuelve a quedar en el ojo de una denuncia por corrupción, y esta vez lo acompañan los ministros Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger.
El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo la lupa judicial y política. En las últimas horas, una denuncia penal presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos destinados a la infraestructura vial en el país.
La presentación, difundida por medios especializados, acusa al Gobierno nacional de haber desviado fondos que debían utilizarse para el mantenimiento y las obras de rutas nacionales, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y virtual paralización de la obra pública. Mientras la administración libertaria insiste con la “motosierra” y el déficit cero, crecen las críticas por el estado crítico de caminos y autopistas estratégicas en distintas provincias.
La denuncia sostiene que el Ejecutivo habría incumplido obligaciones legales vinculadas al financiamiento de Dirección Nacional de Vialidad, organismo que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Desde distintos sectores advierten que la falta de inversión ya tiene consecuencias visibles: rutas destruidas, obras frenadas, aumento del riesgo vial y complicaciones para el transporte de producción y pasajeros.
El deterioro de la infraestructura vial se volvió un reclamo recurrente de gobernadores y cámaras empresariales del interior del país. Provincias agrícolas y productivas denuncian que la falta de mantenimiento encarece costos logísticos y profundiza la crisis económica, mientras el Gobierno nacional prioriza el ajuste presupuestario y el pago de deuda.
En paralelo, trabajadores de Vialidad vienen alertando sobre despidos, recortes operativos y desfinanciamiento. Sindicatos del sector aseguran que muchas obras quedaron abandonadas y que incluso tareas básicas de mantenimiento se realizan con recursos mínimos.
Las críticas también apuntan al discurso oficial. Mientras Milei insiste en que “no hay plata”, desde la oposición denuncian que los recursos recaudados mediante impuestos específicos para infraestructura terminan siendo absorbidos por el Tesoro para sostener el programa económico libertario.
El caso promete escalar políticamente en las próximas semanas. La oposición ya anticipó pedidos de informes y nuevas iniciativas en el Congreso para investigar el destino de los fondos viales y el impacto del ajuste sobre la seguridad en rutas nacionales.
En medio de una recesión cada vez más profunda y con indicadores sociales en deterioro, el conflicto suma otro frente sensible para la Casa Rosada: el abandono de la infraestructura pública en un país donde miles de personas dependen diariamente de rutas en condiciones cada vez más precarias.
